Gracias a esta iniciativa sobre ‘Detección y movilización de las personas elegibles para el Ingreso Mínimo Vital en situación de Non Take-Up’ se ha demostrado “la necesidad de acompañamiento y de información personalizados” para “romper la brecha de cobertura».
Así se manifestó durante un diálogo celebrado en la agencia de noticias Servimedia, donde participaron el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías; la secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Mónica Martínez; y el coordinador del Proyecto Acceso Vital de EAPN-ES, Helder Ferreira.
Iniciado en 2022 , este programa es uno de los 34 proyectos piloto que puso en marcha el ‘Policy Lab’ del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, creado para aportar “evidencia científica sobre la efectividad de las políticas sociales».
El proyecto Acceso Vital se llevó a cabo en las 400 secciones censales con mayor tasa de pobreza de España, donde se realizaron más de 12.000 encuestas y se pusieron en práctica distintas estrategias, como campañas divulgativas y publicitarias, además de planes de acompañamiento y apoyo.
Según Helder Ferreira, el IMV “es una medida compleja, que intenta llegar a grupos muy distintos de población”. Además, destacó que falta “información más detallada sobre su funcionamiento». «Esto es, los candidatos deben no sólo conocer su existencia, sino estar al tanto de los requisitos que se exigen, la documentación necesaria de cara a su tramitación y la forma de demandarlo”, indicó.
Reconoció que hay «algunos colectivos» que tienen «dificultades» para su gestión porque hay partes del proceso «difíciles de completar”.
Ferreira apuntó la ausencia de “competencia para realizar trámites online con la administración” entre los principales obstáculos de acceso al IMV y defendió que esta iniciativa ha demostrado la necesidad de “más información y acompañamiento personalizados”.
AUTOVALORACIÓN
La secretaria general de Inclusión se refirió a su vez a la “autopercepción” que los potenciales beneficiarios del IMV tienen de sí mismos. “No se trata tanto de que no sepan que existe» la ayuda, «sino que no se reconocen como tales».
Explicó que se trata de un problema «mucho más profundo, que tiene que ver con la autopercepción y con las dificultades que muchas personas asocian al proceso».
Entre los encuestados, más de un tercio de las personas que podrían acceder a la prestación (33,6%) afirmaron que creían no cumplir los requisitos y un 41,5% no lo había pedido por considerar que “no les correspondía”.
Por otro lado, la investigación señala ciertas características socioculturales que justifican esta brecha de cobertura. Entre ellas, destacan la edad, el sexo o la residencia en el mundo rural.
Los varones presentan un 4,3% menos de probabilidades de solicitar el IMV que las mujeres y las personas que tienen hijos o menores a cargo, solicitan la ayuda un 7% más que quienes no los tienen. Del mismo modo, las personas mayores de 64 años tienen un 16,9% más de posibilidades de no haber pedido nunca el IMV, aunque reúnan los requisitos precisos para ello.
También quienes habitan en el mundo rural lo demandan un 5,9% menos que sus homólogos de las ciudades.
Además, la percepción de seguridad económica aleja a las personas con derecho a esta prestación de la solicitud. Aquellos ciudadanos que viven de alquiler registran un 6,1% más de posibilidades de haber solicitado el IMV frente a quienes poseen una vivienda en propiedad, mientras que estar en situación de desempleo supone una posibilidad un 11% mayor.
ACOMPAÑAMIENTO
Según el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, “nos hemos encontrado con muchas personas que, aun teniendo derecho (al IMV) no lo solicitan porque creen que es para gente que está especialmente mal”. “Son personas que tienen un empleo precario o que reciben alguna otra ayuda social, como las de discapacidad”, explicó. Ignoran que el IMV puede ser complementario.
De hecho, “quienes se encuentran en el límite, en la parte superior de la Renta, «son quienes menos demandan el IMV». Por eso, reclamó “mayor esfuerzo para llegar a ellos”.
También valoró que el proyecto Acceso Vital ayuda “a desmontar mitos” como la importancia de las redes sociales. La campaña a través de este medio “fue la que menor impacto consiguió” entre los destinatarios. “La información debe ser mucho más focalizada, clara y comprensible”, reclamó. Asimismo, defendió «un asesoramiento y acompañamiento territorializados”, tal como se hizo en esta investigación.
Susías ofreció al Ministerio “aprovechar la capilaridad“ de las entidades que integran EAPN-ES con el fin de “crear esa estrategia de acompañamiento que llegue hasta el último pueblo de España”. A la gente “hay que darle explicaciones personalizadas”, insistió.
A su juicio, sería conveniente señalar que pueden percibir parte del IMV sin renunciar a un empleo y otras prestaciones sociales. “Existe en estas familias un gran miedo a los pagos indebidos”, explicó Susías, que “generan mucho estrés a la hora de su devolución”.
ÉXITO ABSOLUTO
Con todo, afirmó que el Ingreso Mínimo Vital “ha sido un éxito absoluto”, que en cuatro años ha conseguido una cobertura mucho mayor que la alcanzada por los distintos sistemas de rentas mínimas autonómicas en funcionamiento desde los años 90. «Supone un mínimo común en todo el Estado que nos llevaban años reclamando desde Europa”, prosiguió, destacando que cada autonomía luego lo «puede completar”.
Para él, esta prestación “pone a las personas en situación de activarse”, es decir, participar en itinerarios de inclusión, en cursos de formación… “Les da una red de seguridad para lanzarse a otras cosas que les permitan mejorar en su inclusión», recalcó.
Desde luego que “necesita mejoras de acceso y de cobertura” y llegar a más personas, admitió Susías, pero “ha funcionado muy bien”.
CONCLUSIONES
Por su parte, Mónica Martínez indicó que el Ministerio estudia tres líneas para profundizar en la prestación: mejorar la información y simplificar al máximo el procedimiento, adaptar mejor las cuantías a las necesidades de los destinatarios, y facilitar la acreditación de las unidades de convivencia.
“Estamos mirando cómo funcionan algunos sistemas de rentas mínimas de otros países europeos y vemos que existe mayor acompañamiento y más integración de estos profesionales con los servicios sociales”, afirmó. De ese modo, puso en valor la “creación de una base de datos de personas pobres que no existía” y que “ha sido uno de los principales logros y retos” del proyecto Acceso Vital.
A diferencia de lo que ocurre con las encuestas sobre consumo, “a ninguna empresa le interesan estas personas”, comentaron los expertos. Y, por eso “al empezar la investigación, no teníamos ninguna base de la que partir”. Además, los itinerarios de inclusión “han demostrado que prestar atención presencial y mirar a las personas a la cara vale oro”, resaltó Martínez.
En su opinión, el necesario acompañamiento para acceder al IMV “no puede quitar tiempo” a la atención presencial que ofrecen los trabajadores sociales, que resulta esencial para la activación de quienes recurren a ellos.
Finalmente, destacó “el alto rigor científico” del proyecto, similar al de los demás pilotajes que impulsa el ‘Policy Lab’ y que se financian dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “No sólo queremos ejecutar política social, sino aportar evidencia” sobre cuáles resultan más efectivas “y hacerlo con el mayor rigor científico”, declaró.
Después, concluyó, estas evidencias podrán ser transferidas a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las entidades sociales.
Fuente: Servimedia.
